Manifiesto sobre la LOMLOE
Manifestamos nuestra profunda preocupación ante el estado de la nueva Ley de Educación (LOMLOE), que actualmente se encuentra en periodo de tramitación en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.
Poco después de la aprobación de la LOMCE con el rechazo de la Comunidad Educativa, de colectivos y organizaciones sociales y sindicales, y de la mayoría de los partidos políticos del Congreso, numerosos colectivos empezamos a trabajar un documento para una nueva ley de Educación.
Fruto de años de laborioso e intenso trabajo, consensuamos en septiembre de 2017 el “Documento de bases para una nueva Ley de Educación”.
Firmamos el documento cuarenta y un colectivos y organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre las que están el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Unida, Podemos y Esquerra Republicana, unidos en Redes por Una Nueva Política Educativa.
Publicado el Anteproyecto de Ley de Educación y habiendo constatado que no se recogían en él cuestiones que consideramos indispensables para una ley de largo recorrido y que da cobertura a determinadas políticas desarrolladas desde diferentes gobiernos autonómicos, Redes por una nueva política educativa presentamos un documento de casi cien enmiendas en febrero de 2020. Estas enmiendas están basadas tanto en el Documento de Bases como, de forma más esquematizada, en el Decálogo que lo acompaña.
La Educación es un Derecho fundamental. Se hace necesario, por tanto, introducir cambios profundos en el sistema educativo.
Los colectivos y personas firmantes de este Manifiesto planteamos que la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, ha de garantizar:
El Derecho a la educación desde el nacimiento. Es imprescindible incrementar progresivamente la oferta de plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil, priorizando las ofertas de ciclo completo para preservar su unidad en centros específicos, e introducir la figura de la pareja educativa que representa la cooperación educativa tutoría del grupo-clase.
La redistribución de los recursos a los centros educativos para favorecer la inclusión social y garantizar la igualdad de derechos mediante una escolarización equilibrada
La coeducación en todo el sistema educativo. En ningún caso se concertarán centros o unidades que separen al alumnado por su género o su orientación sexual.
La financiación presupuestaria por ley del 7% del PIB.
Un currículo diverso -científico, humanístico, artístico…-; inclusivo, que forme a una ciudadanía crítica, informada y democrática, basado en la accesibilidad Universal y el DUA, anulando o modificando las medidas que producen segregación; laico, sin idearios particulares; que evite el enciclopedismo y que ponga en el centro la coeducación y la educación ecosocial.
La disminución de las ratios en todas las etapas educativas para responder a las necesidades del alumnado.
La supresión de las evaluaciones externas censales para la homogeneización del aprendizaje y carácter anónimo de las pruebas muestrales y plurianuales realizadas al alumnado.
La supresión de toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar. La enseñanza de la religión católica y de otras religiones ha de estar fuera del horario lectivo de los centros educativos, como corresponde a una escuela pública y laica, en un estado constitucionalmente aconfesional, hasta tanto no se denuncien o deroguen los acuerdos con las entidades religiosas.
La Red única de centros de titularidad y gestión pública e integración progresiva de centros concertados en la red pública. El dinero público ha de financiar la Escuela Pública.
La participación democrática de estudiantes y familias.
La elección democrática de la dirección por el Consejo Escolar de los centros educativos. Asimismo, la dirección ha de ser representativa y colegiada, con alternancia de tareas administrativas y pedagógicas, no profesional.
La autonomía de los centros, restableciendo las competencias de los Consejos Escolares, en un marco de equidad evitando la discriminación entre centros.
La formación inicial y permanente de los docentes y la investigación educativa como fundamento y apoyo a la transformación de la educación, así como la coordinación en la elaboración de planes de refuerzo y mejora.
Todos estos factores, claves para un nuevo sistema educativo que responda a un verdadero cambio social basado en los principios de inclusión, laicidad, igualdad, equidad, democracia, convivencia y cohesión social, no los encontramos en el anteproyecto de ley.
Dado que la mayor parte de nuestras enmiendas no se han contemplado en el Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, les instamos a que las incluyan en el periodo de votación de las comisiones que está teniendo lugar durante estas semanas.
Como hemos proclamado en numerosas ocasiones e indica el propio documento de derogación y modificación de la LOE y la LOMCE, no se trata de volver a la LOE.
Si la LOMLOE se va a limitar a derogar algunos aspectos negativos de la LOMCE y a hacer una declaración de principios que no se concretan en el articulado, en su desarrollo posterior ni en su financiación, no será nuestra ley.
20 de octubre de 2020
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